Dr. Gustavo Duque Largo
gustavoduquelargo@gmail.com
No voy a fingir neutralidad, ya que mi posición de parte de María Corina
Machado es inalienable. Pero, cuando uno ha pasado años leyendo expedientes y
otros tantos escribiendo crónicas, aprende que hay dos verdades en toda historia de
poder: la que se firma y la que se sufre. En el caso de Venezuela, ambas están
separadas por un abismo.
Si los republicanos pierden el Congreso en noviembre de 2026, no amanecerá
una Venezuela democrática. Pero Washington dejaría de tener vía libre. Un Congreso
demócrata no maneja la diplomacia, pero sí los fondos, las audiencias y el micrófono.
Eso significa licencias petroleras bajo lupa, acuerdos como el firmado en agosto de
2026 cuestionados, migración venezolana con más voces críticas y una narrativa
donde la intervención deja de ser trofeo y se convierte en lastre. No es un giro de fondo;
es un cambio de ritmo. Y en Venezuela, el ritmo importa.
Ahora, si a eso le sumamos un impeachment, el asunto se vuelve más denso.
Un impeachment no es una sentencia penal. Es un juicio político. No anula contratos
por arte de magia. Aquí entra la continuidad del Estado: la personalidad jurídica de un
país no desaparece porque cambie su gobierno, ni siquiera porque nazca de un golpe.
El caso Tinoco lo dejó claro en 1923. Bajo esa lógica, el acuerdo petrolero firmado por
la administración Trump con el régimen que lidera Delcy Rodríguez seguiría vigente
como obligación internacional, aunque Trump caiga.
Pero —y aquí habla el abogado— hay un defecto de origen. La Constitución
venezolana exige que los contratos de hidrocarburos pasen por el Legislativo. Firmar
con un ejecutivo de facto, sin elección de por medio, salta ese canal. La oposición
venezolana ya lo ha advertido: esos contratos pueden ser impugnados por falta decualidad política de quien firma. El reconocimiento que Estados Unidos le dio a Delcy
Rodríguez como única jefa de Estado autorizada es, hoy, el escudo legal del acuerdo.
Pero un escudo no convierte en legítimo lo que nació sin mandato.
¿Qué haría un impeachment entonces? No borrar el acuerdo. Pero sí quitarle
oxígeno. Un Congreso demócrata puede negar fondos para su implementación, exigir
transparencia total sobre los ingresos y debilitar el capital político del Ejecutivo para
defenderlo en tribunales internacionales. Si más adelante llega al poder en Venezuela
un gobierno con mandato real, la impugnación por vicio de nulidad tendría mucho más
fuerza.
Como periodista, la conclusión es incómoda: el problema no es solo Trump, ni
los demócratas, ni Delcy Rodríguez. El problema es que se están firmando contratos
sobre un país sin que su pueblo haya podido consentir. Como abogado, la conclusión
es más dura: ningún acuerdo sobrevive para siempre si nace sin legitimidad. La ley
puede sostenerlo un tiempo; la política puede asfixiarlo; pero solo la voluntad de los
venezolanos puede darle un piso real.
Un Congreso distinto o un impeachment no son soluciones mágicas. Son
contextos. Lo que cambia no es el fondo del drama venezolano, sino el margen de
maniobra de quienes lo negocian por encima de la cabeza de los venezolanos. Y eso,
se mire como se mire, no es poca cosa.
Abogado Gustavo Duque Largo
Analista político internacional