Con 13 votos a favor y dos abstenciones, la Misión seguirá operando por un año, pero con recortes en sus funciones.
En una decisión que supone un duro revés para el respaldo a la justicia transicional de Colombia, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por un año más el mandato de la Misión de Verificación en el país, pero excluyó las tareas relacionadas con la verificación de las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y con el seguimiento al Capítulo Étnico del acuerdo de paz de 2016.
Fueron 13 votos a favor y dos abstenciones por la Resolución 2798 de 2025. Por primera vez desde 2017, la extensión del mandato -clave en el acompañamiento internacional a la implementación del acuerdo entre el Gobierno y las extintas Farc- no contó con el respaldo unánime de los miembros del Consejo.
De esta manera, el mandato renovado solo se centrará en la verificación de tres aspectos del acuerdo de paz: la reincorporación política, económica y social de los exintegrantes de las Farc; las garantías de seguridad para firmantes de paz, sus familias, líderes y comunidades; y la reforma rural integral.
La decisión se tomó tras varias rondas de intensas negociaciones entre todos los miembros del Consejo en las que, según el Security Council Report (SCR), organización independiente que brinda información sobre el Consejo, Estados Unidos explicó su objeción a la tarea de la Misión relacionada con la verificación de las sentencias dictadas por la JEP, argumentando que el modelo de justicia transicional de ese tribunal “promueve la impunidad” y que “no todos los actores políticos en el país apoyan su labor”.
Tras la votación de la resolución, Mike Waltz, representante de los Estados Unidos ante la ONU, señaló: «Agradecemos los esfuerzos de los redactores del texto por reducir el mandato de la Misión de Verificación en Colombia, que se había excedido de su alcance original. Y al volver a centrarse la Misión de Verificación en Colombia en su función fundamental, a saber, la de verificar la desmovilización de las Farc».
Al parecer, Estados Unidos advirtió a algunos miembros del Consejo sobre su disposición a vetar la resolución de renovación del mandato de la Misión si las tareas vinculadas con la JEP y el Capítulo Étnico se mantenían y se mostró flexible en lo referente a la reforma rural.
Muchos otros miembros del Consejo —entre ellos Dinamarca, Guyana, Panamá y Rusia— lamentaron la eliminación de dichas funciones, considerando, especialmente, que la JEP anunció sus primeras sanciones restaurativas en septiembre.
«Lamentamos profundamente que haya partes importantes del mandato de la Misión que no se han renovado. Justo el mes pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz emitió su primera justicia restauradora, su primera sentencia restauradora. Fue un momento que se esperaba desde hace mucho tiempo, ha sido un paso histórico en la búsqueda de la paz y la rendición de cuentas para algunos de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto en Colombia, y además ha ayudado a ofrecer un resarcimiento a las víctimas. Lamentamos el que la Misión no haya sido capaz de supervisar la puesta en práctica de la ejecución de esas sentencias de justicia reparadora«, manifestó Dinamarca.
Por su parte, la representante de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, agradeció la continuidad de la Misión, pero también mostró su desacuerdo con la exclusión de la verificación de las sentencias de la JEP y lo relacionado al Capítulo Étnico, uno de los más rezagados en la implementación.
«Es un mensaje de aliento que nos invita a perseverar en el camino de la paz (…) ahora, debo también subrayar que el deseo colombiano, compartido con la amplia mayoría de miembros, era preservar tanto la justicia transicional como el Capítulo Étnico dentro del mandato extendido. El modelo de justicia centrado en las víctimas es un modelo internacionalmente reconocido, incluso por este mismo Consejo, y los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas son dos sectores de la sociedad colombiana particularmente afectados por el conflicto», sostuvo la diplomática.
EL TIEMPO reveló en marzo que varios congresistas colombianos pertenecientes a la oposición y cercanos a la administración de Donald Trump ejercieron presión en Washington y Miami para quitar respaldo a la Misión, la cual otorga legitimidad a los acuerdos de La Habana ante el mundo.
La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, por ejemplo, envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, pidiendo revaluar la renovación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
«Solicitamos a Estados Unidos vetar la extensión de la misión de la ONU en Colombia. Es necesario que esta misión rinda cuentas y explique qué ha hecho todos estos años y cuáles son sus resultados concretos. La seguridad del país empeoró, se garantizó la impunidad a máximos responsables y estamos nadando en coca», solicitó Valencia en una misiva enviada en junio.
Juan Pablo Penagos Ramírez.
El Tiempo.